La razón por la que la ley de amnistía a Cataluña jamás será constitucional pese al aval del Tribunal: el detalle que la Constitución nunca permitirá

La amnistía sigue siendo uno de los asuntos más calientes del panorama político y judicial en España. Esta semana, el Tribunal Constitucional comienza a debatir la ponencia de 191 páginas elaborada por su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que avala la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque aún no hay sentencia definitiva, todo apunta a que la mayoría progresista del alto tribunal dará luz verde a la norma. Pero las dudas jurídicas y políticas no desaparecen.

En Mediodía COPE, Antonio Herraiz ha entrevistado a María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), para abordar las implicaciones de esta ley. Su análisis, firme y claro, plantea interrogantes sobre la constitucionalidad de la amnistía y sus efectos sobre la independencia judicial.

"ES MÁS GRAVE QUE UN INDULTO GENERAL"

Del Barco señala que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, pero eso no significa que la permita. “Nuestra Constitución no permite los indultos generales, únicamente los particulares. La amnistía, en sus efectos, es más grave que un indulto general”, explica. Por eso, razona: “Si está prohibido lo menos, ¿cómo no va a estar prohibido lo más?”.

En su opinión, el argumento de que la amnistía no figura como prohibida en la Carta Magna es tan endeble como pensar que en los trenes haya que poner carteles de “elefantes no”. Para Del Barco, no se trata solo de legalidad, sino de lógica jurídica y de respeto al equilibrio de poderes.

La magistrada recuerda el esfuerzo titánico que supuso el juicio del procés. “La sala segunda retransmitió en directo cada día ese juicio. Hubo respeto absoluto a los derechos fundamentales y una sentencia dictada por unanimidad”, afirma. Por eso, considera que una eventual amnistía supone “un insulto al Poder Judicial”.

“Después de tanto trabajo, de un juicio ejemplar, si ahora se borra todo de un plumazo, a uno se le queda cara de tonto”, añade con franqueza. Del Barco insiste en que lo que está en juego no es solo el futuro de unos condenados, sino la credibilidad del sistema judicial en su conjunto.

"los jueces estamos presionados y deslegitimados"

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La presidenta de la APM también denuncia el clima de presión y deslegitimación que, a su juicio, sufren los jueces en España. Cita el caso de la magistrada que investiga al hermano del presidente de la Junta de Extremadura, recientemente procesado: “La persecución a la que ha sido sometida es vergonzosa”.

“No es razonable que desde el Consejo de Ministros se ataque a jueces cada semana. Si una resolución no gusta, se recurre. Lo que no puede hacerse es insultar y desacreditar constantemente”, advierte. Para Del Barco, esta deriva pone en riesgo la separación de poderes, uno de los pilares del Estado de derecho.

La entrevista también aborda la protesta convocada por jueces y fiscales para el próximo miércoles, contra las reformas legales que afectan al acceso a la carrera judicial. “No estamos protestando por una cuestión corporativa, sino por la garantía que tienen los ciudadanos a tener un juez independiente”, defiende Del Barco.

Critica duramente el proyecto del Gobierno que permitiría estabilizar a jueces sustitutos sin haber superado una oposición: “Es como poner a un médico sin acabar la carrera. Incluso hay quienes suspendieron la oposición y ahora podrían ser jueces titulares. Eso diluye el principio de mérito y capacidad”.

Uno de los riesgos más graves, según Del Barco, es que se cree una judicatura con vínculos de dependencia política: “Cuando uno debe el puesto a alguien, deja de ser independiente”. Por eso insiste en que estas reformas suponen una amenaza directa al corazón del sistema democrático.

Con un tono firme, pero pedagógico, María Jesús del Barco lanza una advertencia clara: lo que está en juego con la amnistía, con la reforma del acceso a la judicatura y con los ataques al Poder Judicial, no es una disputa entre partidos, sino la propia salud del Estado de derecho.